El Ministerio Público Federal de Río Grande del Sur exhortó a las intendencias que no otorguen los permisos necesarios de funcionamiento para los establecimientos comerciales volcados a la explotación de juegos de bingo, salas de juegos y cualquier otro que tengan máquinas tragaperras, aunque sean bares o restaurantes.

La solicitud fue dirigida a las municipalidades de Río Grande, San José del Norte, Santa Victoria do Palmar y Chuí.

El procurador de la República en Río Grande, Michael von Muhlen de Barros Gonçalves, manifiesta que es responsabilidad de los municipios la fiscalización de los establecimientos comerciales en funcionamiento. “Ellos deben, inclusive, promover la suspensión y/o cancelación de la autorización de funcionamiento concedida”.

Gonçalves cree que la legislación federal brasileña, en el artículo 50 del Decreto-Ley de las Contravenciones Penales, veda los juegos de azar, incluyendo ahí los juegos electrónicos de azar o tragaperras.